La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el art. 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, concedió el 4 de septiembre de 2023, las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de proteger la vida e integridad personal del doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de Perú, quien actualmente ejerce las funciones de presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Las medidas provisionales constituyen una garantía jurisdiccional de carácter preventivo que se adoptan previo el cumplimiento del requisito de extrema gravedad y urgencia, a fin de evitar daños irreparables a las personas.

La solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión explicó en su petición que las medidas se solicitan en un contexto de fragilidad y conflictividad, que habría afectado la institucionalidad democrática en Perú, fruto de la alta polarización [política] que atraviesa la sociedad peruana, en el que el indicado juez ha tenido el liderazgo en materia electoral, justamente como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Justamente, este clima de conflictividad política dio lugar a pronunciamientos de la OEA, de la ONU y de su Consejo de Derechos Humanos. Es así como el 25 de julio de 2021 la misma Comisión concedió medidas cautelares a favor del magistrado y su familia.

Explica la Comisión que las autoridades electorales han sido el blanco de actos de hostigamiento e intimidación, de discursos estigmatizantes que alientan la discriminación y de amenazas de muerte, que vienen desde el 2021 hasta la actualidad.

El doctor Salas ha sido agredido en forma verbal y directa, con una serie de insultos y epítetos. Tales actos han afectado incluso a la hija del doctor Salas, que ha sufrido acoso a través de redes sociales, particularmente, por medio de una “campaña” denominada “nunca olvidemos”, en la cual se menospreciaba las decisiones de la Junta Nacional de Elecciones.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte IDH consideró necesario reforzar las medidas de protección y salvaguarda de los derechos a la vida e integridad personal del juez y de su núcleo familiar y ordenó al Estado peruano que continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas a fin de mitigar los riesgos a sus vidas e integridad personal, teniendo en cuenta que habían venido minimizando los hechos.

Por último, la Corte requirió al Estado peruano le informe hasta el 29 de septiembre de 2023, respecto de la situación de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar, a la luz de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a esta decisión y le presente un informe periódico a más tardar una semana después de la realización de las reuniones de coordinación, informando sobre los resultados de las mismas y de cualquier investigación que esté desplegando.